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Caso Azulay Procesaron a los imputados por el crimen del despachante de Aduana
Siete de los nueve detenidos por el asesinato de Facundo Azulay, que comenzó como un secuestro virtual, continuarán detenidos, tras ser procesados con prisión preventiva *
Siete de los nueve detenidos por el crimen del despachante de aduanas Facundo Azulay, que se inició como un secuestro virtual, pero se convirtió en un secuestro seguido de muerte, continuarán presos luego de que la justicia los procesara con prisión preventiva, informaron fuentes policiales. La medida fue adoptada por el juez federal de Morón Jorge Rodríguez a pedido del fiscal federal a cargo de la investigación, Marcelo Fernández. Un jefe policial que encabezó la pesquisa contó que de las nueve personas que permanecían detenidas como sospechosas de participar en el crimen, siete fueron procesadas con prisión preventiva por el delito de secuestro extorsivo seguido de muerte -que se castiga con prisión o reclusión perpetua-, y dos recuperaron la libertad por falta de pruebas. La misma fuente policial indicó que la mayoría de los procesados son de una banda de la villa Las Antenas del partido de La Matanza, que no registraba antecedentes por secuestros. Según la pesquisa, el líder de la banda fue Ramón Alejandro Godoy, un preso del penal de Ezeiza que realizó desde un teléfono público de la cárcel los llamados extorsivos y dio la orden de que Azulay fuera secuestrado y se investiga si también mandó matarlo. Los imputados que fueron procesados fueron el recluso Godoy, de 22 años; su esposa Analía Rodríguez, de 29; Juan Alberto Ruiz Lasarte, de 24; Adriana Soria, de 38; Vanina Valderrama, de 24; el sindicado autor material del balazo que mató a Azulay, Ezequiel Santos Molina, de 18; y otro detenido cuya identidad no fue suministrada. Las dos personas que habían sido detenidas pero recuperaron la libertad por falta de mérito son el primo del preso Godoy, Mauro Godoy y un joven de apellido González. Fuentes judiciales indicaron que para el esclarecimiento del caso fue clave la declaración de un testigo de identidad reservada y las confesiones de algunos integrantes de la banda. En la causa hay un prófugo con pedido de captura que los detectives de la Delegación de Investigaciones (DDI) de La Matanza aseguran que ya tienen cercado. Los investigadores tampoco pudieron hasta ahora encontrar ni el arma homicida -un revólver calibre 38-, ni los 10 mil pesos que se pagaron como rescate por Azulay. Azulay se convirtió en la primera víctima de un secuestro virtual que termina muerta y el cuarto secuestrado asesinado por sus captores de los últimos años, como sucedió con Diego Peralta, Juan Manuel Canillas y Axel Blumberg. El despachante de aduanas de 35 años recibió el 10 de febrero último en su oficina del barrio porteño de San Telmo una llamada telefónica en la que le advertían que habían secuestrado a un familiar suyo, lo que en realidad era una farsa. Azulay fue al encuentro de los delincuentes en su automóvil Fiat Siena y la presunción de los investigadores es que al verlo bien vestido y con un buen auto, transformaron lo que era un secuestro virtual en uno real, lo capturaron y lo llevaron a una casilla de la villa Las Antenas del partido de La Matanza. Los captores se comunicaron con su socio, Mario Paladino, le pidieron un rescate inicial de 20.000 pesos, pero rebajaron sus pretensiones a 10.000 pesos. Paladino entregó el rescate en el cruce de White y Eva Perón, en el barrio porteño de Mataderos, los captores prometieron liberar a su socio en 20 minutos, pero Azulay apareció con un balazo calibre 38 en la cabeza en la avenida General Paz, del lado de provincia, y fue trasladado por un remisero al hospital porteño Santojanni, donde murió. Una hipótesis señala que uno de los captores lo mató por accidente mientras manipulaba el arma. El caso Azulay provocó que el Ministerio de Justicia de la Nación anunciara que se filmará con cámaras a todos los presos que utilicen los teléfonos públicos de los penales del Servicio Penitenciario Federal, con el fin de evitar los secuestros virtuales o identificar a sus autores. También se obligó a las empresas de telefonía -tanto de línea como de celulares- a identificar y emitir un mensaje de advertencia cuando una llamada proviene de una unidad carcelaria. En la provincia de Buenos Aires, se analizan tomar las mismas medidas en las cárceles de la jurisdicción.
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para retirar el Pliego: Hasta un (1) día hábil anterior a la
fecha de apertura. INTENDENCIA BALESTRINI MATANZA AVANZA
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