Irregularidades en la mayoría de los municipios bonaerenses  
Siguen los problemas con los planes sociales

           El hecho motivó la apertura de causas por defraudación al Estado nacional en los juzgados federales de toda la provincia *   

Ciento treinta municipios bonaerenses sobre un total de 134 registran irregularidades en la entrega de más de cuatro mil planes sociales a empleados comunales desde 1998 hasta la actualidad, según una investigación del titular de la Unidad Fiscal de la Seguridad Social (UFiSeS), Guillermo Marijuán.
         Un total de 4.043 planes sociales fueron pagados en forma irregular en esos 130 municipios, de acuerdo con los resultados de un cruce de datos realizado por la UFiSeS entre las nóminas de empleados comunales y la lista de beneficiarios de algo más de 40 subsidios.
         Esas irregularidades motivaron la apertura de causas penales por "defraudación al Estado Nacional" en los juzgados federales de toda la provincia y, por ese delito, además de los empleados o ex empleados imputados, deberán dar explicaciones los intendentes bonaerenses y los responsables de organizaciones habilitadas a gestionar esos pagos.
         Según la investigación de Marijuán, los distritos que muestran mayor número de planes cuestionados son Malvinas Argentinas, con 260; Avellaneda, con 232; Lomas de Zamora, con 183; La Plata, con 142; Moreno, con 110; La Matanza, con 109; Pilar, con 103; y Quilmes, 94.
         Por el contrario, en sólo tres municipios no se detectaron faltas en los pagos: Carmen de Areco, General Alvear y Punta Indio. En tanto, Rauch todavía está bajo investigación y sus registros de empleados están siendo sometidos al entrecruzamiento de datos.
         Los planes sociales estuvieron más de una vez en el centro de la polémica, y en julio pasado volvieron a ser blanco de críticas cuando se conoció que en 77 municipios bonaerenses habían sido entregados subsidios a 2.576 trabajadores.
         Estos datos -que se completaron ahora sobre el total de comunas- mostraron las falencias de un sistema en el que no había control sobre quiénes eran los verdaderos beneficiarios. Además, reflotaron una discusión por entonces recurrente entre el Gobierno y la Iglesia, que objetó la política social de Néstor Kirchner.
         A partir de esa discusión, el Gobierno nacional anunció semanas atrás que el Plan Jefes y Jefas de Hogar será modificado en forma progresiva. La entrega de esos subsidios, gestionada a través de las intendencias, evidenció la mayor cantidad de irregularidades, según lo investigado por la UFiSeS.
         También, en junio último, se instauró la denominada "tarjeta social", en una experiencia piloto que comenzó en Morón, Florencio Varela y Rosario, con la intención de trasparentar los padrones de beneficiarios de planes y evitar el uso clientelar de la ayuda social.

Sigue la protesta por terrenos en la EGB
Infraestructura prometió priorizarla ampliación de la escuela 129

             El reclamo de la Escuela 129 de González Catán, donde padres y docentes permanecen hace una semana como protesta hasta obtener un terreno lindante para la ampliación del establecimiento, consiguió el compromiso de las máximas autoridades en Educación para la construcción del nuevo edificio en ese lugar.
            Según afirmó la vicedirectora de la EGB Irene Kiraly, cuentan con “el compromiso por escrito” de la Dirección de Infraestructura de priorizar la edificación de más instalaciones en la parcela que reclaman, ante el crecimiento de su alumnado y la consecuente necesidad de un espacio mayor para el adecuado desarrollo de sus actividades educativas.  
            Ese terreno fue cedido a la escuela en 1991 a través de una ordenanza municipal que no llegó a ser aprobada por el Legislativo provincial. Las actuales autoridades del colegio recién conocieron esto hace dos meses y junto a los padres y docentes comenzaron a exigir una ley de expropiación, hasta que la semana pasada obtuvieron la media sanción de la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires.
            Mientras la comunidad educativa espera la pronta votación de la Cámara de Diputados a favor para que ese espacio pase a ser propiedad de la institución, permanecerá en el lugar como medida de lucha manteniendo el corte de la calle Posamay sobre la cual está ubicado el predio.            
            También como una forma más de manifestarse, los padres organizaron ayer una bicicleteada por el barrio, recorriendo las calles Simón Pérez, Posamay, Cepeda, José María Moreno hasta llegar a Torrent.