La causa Díaz sigue esperando justicia
Un juicio retrasado con jueces de imparcialidad cuestionada

La muerte de Sergio Daniel Díaz fue conocida por haberse producido en extrañas circunstancias mientras estuvo detenido por averiguación de antecedentes en la comisaría de González Catán, en 2001 * Hay dos policías detenidos que iban a ser llevados a juicio el año pasado * Pero una serie de suspensiones del debate sumado a una cadena de recusaciones de jueces fueron dilatando la resolución del caso *

Ante la resignación a la pérdida irreversible que provoca la muerte, la familia de Sergio Daniel Díaz -asesinado en 2001, en extrañas circunstancias estando detenido en la comisaría de González Catán- tan sólo pide que se haga justicia, aunque este proceso se vio interrumpido desde su inicio, en junio último, cuando resultó recusado el Tribunal a cargo del caso, además de haber sido puesta en duda también la imparcialidad y la independencia de criterio de los jueces camaristas que debía resolver este incidente.

El deceso de Sergio -de 31 años y padre de dos hijos- habría sido la consecuencia del maltrato y tortura policial, según se desprende las investigaciones. El 1° de agosto de 2001, se había olvidado las llaves al salir de su casa en la calle Da Vinci 4422 del barrio La Juanita, en la localidad de Gregorio de Laferrere, y al saltar un paredón para volverse a buscarlas, fue advertido por efectivos de la Comisaría 5° de González Catán que pasaban en ese momento en patrullero y lo detuvieron por averiguación de antecedentes, pese a que Sergio les indicó que esa era su vivienda.

Nueve horas más tarde, Díaz fue sacado de la seccional en estado de coma profundo, con el cráneo fracturado, los vasos sanguíneos rotos y hematomas, como consecuencia del flagelo que habría padecido allí, según surgió de lo investigado por la Unidad Fiscal de Instrucción N° 2 de La Matanza. El hombre falleció cinco días después.

Las primeras actuaciones en la pesquisa estuvieron a cargo de los mismos policías quienes luego resultaron ser los principales sospechosos: el oficial principal Jorge Oscar Díaz y el oficial subinspector Gustavo Javier González. En ese entonces, estos uniformados estaban al frente de la comisaría de González Catán, ante la ausencia del comisario.

Los policías Jorge Oscar Díaz y Gustavo Javier González están detenidos desde 2002, imputados de “privación ilegal de la libertad seguida de muerte” y un oficial quedó acusado de falso testimonio, al haber declarado en la causa que Sergio se cayó de un techo y por eso sufrió esas graves lesiones.

Las reiteradas suspensiones de la audiencia de debate, entre otra serie de obstáculos como el difícil acceso a la causa o la negación del préstamo de las actuaciones, fueron consideradas para la familia Díaz como una situación desfavorable para llegar a la verdad de la desgracia ocurrida a Sergio.

Por eso, a punto de comenzar el juicio siete meses atrás, sus familiares plantearon primero la recusación de dos de los jueces intervinientes en el caso del Tribunal en lo Criminal N° 4, Gerardo Gallol y Jorge Multedo. Además de requerir el apartamiento del fiscal Miguel Froncillo por considerar que hizo un manejo de las pruebas “en beneficio a las defensas”.

La recusación del fiscal respondió a que dudó que el médico forense de la policía bonaerense Carmelo Nápoli haya dicho que Sergio Díaz estaba ubicado en tiempo y en espacio, lúcido, respondía bien y estaba sin ninguna lesión aparente, mucho antes de la lesión que le provocara su muerte.

Después terminaron por recusar a todos los integrantes del jurado cuando los mismos magistrados recusados plantearon que su propia separación debía ser rechazada, mientras que el juez Franco Fiumara resolvió con su único voto no hacer a lugar a esa recusación de sus colegas.

Lo que continuó, no dejó de indignar a los Díaz y sorprendió a muchos en el ámbito judicial local. Esa recusación debía ser resuelta por la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal, reconformada en ese momento por dos jueces camaristas en lo Civil, uno de los cuales es esposo de la presidenta de ese cuerpo. Con esto, se consideró afectada “la independencia y la imparcialidad del caso”, expresó el abogado patrocinante de la parte damnificada, Gabriel González Craham.

La Cámara se había quedado sólo con la jueza Analía Puig Dengolas, siendo que Daniel Radaelli se jubiló y Margarita del Carmen Tropiano estaba de licencia. Entonces, fueron integrados los jueces de la Cámara Civil (ante la falta de camaristas penales) Sebastián Emilio Iglesias Berrondo y Luis Armando Rodríguez Saiach, este último, marido de Puig Dengolas.

La reacción llegó a Control Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, donde Craham planteó que “si existe vinculo de parentesco se debía haber sorteado nuevamente retirado del mismo al doctor Saiach. En su defecto éste al enterarse debía de haberse excusado de conformar un tribunal con su esposa. Y el doctor Berrondo al tomar conocimiento debía de haber actuado impidiendo u oponiéndose”.

Es por ello que propusieron la recusación de la totalidad de ese Tribunal “ya que ninguno obró conforme a derecho. Entendemos que no se cumple con la ley 23.054 en sus artículos 1,3 y 8, tampoco con el artículo 14, inciso 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. No se da cumplimiento al artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. De esta forma se vulnera además el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional y 18 de la Carta Magna”, especificó Craham.

Asimismo, el letrado solicitó la nulidad de todo lo resuelto por la Cámara, argumentando que nunca pudieron ver los incidentes peticionados de nulidad con apelación y de recusación desde el mismo momento en que ingresaron a la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Matanza, la semana anterior al receso invernal; que nunca fueron notificados del por qué iba a intervenir la Cámara Civil, así como tampoco de la fecha y la hora del sorteo de los dos jueces de la Cámara Civil para resolver, ni lo fueron previamente de la integración del Tribunal.

Ahora, encargada de terminar de resolver esta cadena de recusaciones, resultó elegida la Sala I de la Cámara, compuesta por los magistrados Eduardo Ángel Roberto Alonso, José Nicolás Taraborrelli y Ramón Domingo Posca, quienes podrían ordenar la asignación de un nuevo tribunal al frente del juicio oral para el cual todavía habrá que seguir esperando.

En medio de este conflicto considerado de “gravedad institucional”, y luego de sentirse “decepcionados y cansados”, la familia Díaz vuelve a poner sus esperanzas en que por fin llegue el bálsamo de la justicia que apacigüe el dolor de la tragedia.