Por casos de inocentes presos y otras irregularidades
La Justicia de La Matanza, bajo sospechas de mal desempeño

La Procuración General de la Suprema Corte bonaerense inició una investigación * En agosto, representantes de la APDH fueron presentados como testigos después que se registraron numerosos casos afectados por fallas de la Justicia * También llamaron a declarar a dos de los jueces a cargo de varios juicios donde se descubrieron casos en que la imputación era sostenida por testigos y pruebas falsas *

¿Qué sucede con la Justicia en La Matanza? fue la pregunta recurrente este año instalada en la opinión pública, al ventilarse sucesivos casos de detención de personas declaradas después inocentes, que generaron la presunción de haber sido víctimas de causas “armadas” y de un irregular funcionamiento sistematizado de la administración en este Departamento judicial

El mismo cuestionamiento parece haber causado efecto en la Procuración General de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, donde se inició una investigación a partir de la advertencia de una Fiscalía de Juicio acerca de esta situación y por la cual fueron llamados a declarar integrantes de la APDH local y dos jueces del distrito.

El área de Control Interno del más alto organismo provincial de Justicia llamó primero a declarar, a mediados de agosto último, a dos referentes de la Asamblea por los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza, Pablo Pimentel, y la titular de la entidad Delia Blanco, quien se excusó de presentarse por problemas de salud.

La intimación se dio en el marco de la causa iniciada a raíz de una denuncia del fiscal Guillermo Rafaniello por diferentes casos de absolución de inocentes e irregularidades cometidas en general durante la investigación preliminar preparatoria y reveladas en instancias de audiencia de debate.

El 18 de marzo de 2005, durante el juicio seguido a Eduardo Roberto Del Valle y Sabrina Gisela Castañales, quienes resultaron absueltos del cargo de robo agravado de un automotor en Ramos Mejía al descubrirse que a estas personas se les adjudicaba un delito que no había existido y finalmente terminaron siendo víctimas de una oscura maniobra policial, el fiscal Rafaniello advirtió al ministerio público que este era el tercer caso registrado de esas características por esas semanas.

Al final del juicio, el agente fiscal puso de relieve la llamativa reiteración de casos detectados en esas dos últimas semanas y pidió que se remitieran fotocopias del acta de la resolución al Ministerio de Seguridad, a la Fiscalía General, a la Defensoría General de la provincia de Buenos Aires, y a la Procuración General y a la Suprema Corte de Justicia bonaerenses para que se investigara “la actuación de los policías y funcionarios públicos que trabajaron en el proceso”.

Como argumentación, el funcionario judicial se apoyó en la intervención hecha por la APDH y tomó varios casos de referencia como el de “Acuña-Luna-Varela”. Es que esa organización civil, en junio de 2002, en una reunión con legisladores y funcionarios en la Cámara de Diputados de la Nación, hizo entrega de quince denuncias sobre diferentes casos ocurridos en La Matanza como “detenciones arbitrarias, gatillo fácil, maltratos y torturas, enterrados NN, negación u ocultamiento de paraderos, armado de causas e invenciones de pruebas y testigos”, además de acusar a “la complicidad e inoperancia del Poder Judicial provincial”.

Los detalles de este encuentro y del pedido de esclarecimiento de esos casos por parte de la APDH, fueron difundidos en la edición del Diario NCO del 24 de julio de 2002, por lo cual lo expresado en la publicación también fue materia de indagación en la Procuración.

El último 25 de agosto, el secretario de la APDH local, Pablo Pimental, fue interrogado precisamente respecto de su intervención en el episodio publicado en el artículo de este Diario.

Mientras que los jueces Alfredo Drocchi y Joaquín Berrenechea, del Tribunal en lo Criminal N° 1 de La Matanza, que resolvieron el enjuiciamiento de Del Valle y Castañales, fueron citados después a comparecer y contestar, entre otras cuestiones, si existieron fallas o delitos en alguno de los organismos de la Justicia.

“La APDH viene sosteniendo hace muchos años que hay una práctica que en vez de justicia es de injusticia”, sintetizó Pimentel sobre la situación local

La injerencia de la APDH

La intervención de la APDH en ciertas causas que se tramitan judicialmente, se realiza a través reuniones que mantienen con la Fiscalía de Cámaras para analizar casos puntuales donde efectúan su seguimiento a pedido expreso de los damnificados que buscan la ayuda de la asamblea.

Según destacó Pimentel, a partir de esa metodología han logrado corregir algunas cosas, como por ejemplo, cuando no se llaman a testigos presentados por la parte damnificada, y precisó que “si las causas no evolucionan se solicita ayuda a instructores judiciales”, aunque declaró que “pese al esfuerzo de la APDH no se logró erradicar el problema del armado de causas”, y esto también lo especificó casi con idénticas palabras ante la Procuración.