La Justicia resolvió el caso como homicidio en riña
El asesinato de Lucena fue juzgado pero la sospecha sobre la Policía sigue latente

Los tres acusados de matar en 2004 a Diego Lucena a la salida de una bailanta, fueron condenados a tres años y medio de prisión * El cuarto imputado, recibió una pena de tres años y dos meses por encubrimiento * El Tribunal desestimó la participación policial denunciada por la familia del joven asesinado * Los Lucena repudiaron el fallo y siguen apuntando a la Policía por el crimen y a funcionarios judiciales como cómplices *

Con el veredicto condenatorio a los cuatro jóvenes procesados por la muerte de Diego Lucena, para la Justicia quedó resuelto el crimen. Aunque la familia repudió todo el proceso e insiste con las graves acusaciones que mantuvieron desde el hecho, en junio de 2004: que el muchacho fue víctima de un complot policial y de un encubrimiento judicial.
En el banquillo estuvieron los jóvenes Carlos “Cali” Alcañán, José “Peque” Brito y Walter “Waly” Sadías, encontrados coautores de la golpiza que mató a Lucena, y Martín Brítez, culpable de encubrimiento y falso testimonio.
Las penas impartidas por el Tribunal Oral en lo Criminal 4 de La Matanza fueron leves. Los tres jóvenes acusados del matar a golpes de Diego Lucena, a la salida de la bailanta Invasión Tropical de Isidro Casanova, recibieron condenas de hasta tres años y medio de prisión, mientras que al cuarto acusado como encubridor, le asignaron tres años y dos meses.
Es que los jueces Franco Fiumara, Gerardo Gayol y Jorge Multedo, los halló penalmente responsables del delito de “homicidio en riña con autores ignorados”, al no poder determinar quién de ellos fue el ejecutor.
Los integrantes de este Tribunal desestimaron la posible participación policial en el crimen, al establecer que el ataque callejero del que resultó víctima Diego fue producto de una pelea entre jóvenes que se había iniciado antes en el interior del boliche.
El juicio se inició el 28 de noviembre último en la unidad carcelaria del partido bonaerense de Ituzaingó, situada en Peredo al 3000, lo que se decidió por cuestiones de seguridad, pero no vinculadas con los imputados, sino con el padre de la víctima, Roberto Lucena.
El hombre siempre encabezó las numerosas marchas para reclamar que se investigue a policías como responsables directos del asesinato, y hasta para pedir por la libertad de los acusados que detuvo la Justicia. Una de las movilizaciones terminó en incidentes cuando manifestantes incendiaron el local Invasión Tropical y rompieron un patrullero.
Al debate no asistió ningún integrante de la familia Lucena, que al segundo día de iniciado el juicio decidió retirarse como particular damnificada, ya que sostiene firmemente que a Diego lo mató la policía y, por ende, no estuvo de acuerdo con la acusación impulsada por el fiscal Gustavo Banco, a quien lo acusaron de “cómplice” junto a otros funcionarios judiciales que intervinieron en la causa.
Los familiares sostienen su versión aferrados a lo manifestado por uno de los testigos (uno de los tres jóvenes que ese fin de semana fue a bailar junto a Diego) que declara que a Lucena lo sacan por la puerta de atrás del local bailable, sale corriendo y detrás lo siguen dos patrulleros.
Por este motivo, el último 6 de diciembre, cuando se dio a conocer el veredicto, el Tribunal 4 ordenó que se remitan copias de la causa a la sede de la Fiscalía General Departamental, con el fin de que se investigue si Roberto Lucena, cometió falso testimonio al denunciar que a su hijo lo mató la Policía por ser militante.
Lucena padre rechazó el fallo y el pedido de investigación en su contra y aseguró que su hijo era “un dirigente social” y que como tal trabajó tiempo atrás en la Corriente Clasista y Combativa, mientras que al momento de ser asesinado militaba en el Frente de Trabajadores Combativos de Gregorio de Laferrere.
Empedernidos en sostener la hipótesis de una “conspiración mafiosa”, como dicen, entre policías y Justicia; la familia, amigos y vecinos de Diego Lucena, volvieron a marchar por las calles de San Justo, una vez finalizado el juicio, para manifestar su repudio a la resolución de este caso que pareciera tener un final abierto.