Lo llamaron para pedirle un rescate y fue asesinado
Caso Azulay: un lamentable hecho que dio paso a una nueva legislación

El despachante de aduanas de 35 años, estuvo secuestrado en Villa Las Antenas, del partido de La Matanza * Fue ultimado de un tiro en la cabeza con arma calibre 38 * Desde entonces, las empresas de telefonía deben identificar y emitir un mensaje de advertencia cuando una llamada proviene de una unidad carcelaria *

Eran las 9.30 del 10 de febrero cuando Facundo Azulay, un despachante de aduana de 35 años, recibió en su oficina ubicada en la calle Chile al 800, en el barrio porteño de San Telmo, una llamada telefónica en la que delincuentes le comunicaban que tenían en cautiverio a uno de sus seres queridos.
El secuestro era una farsa, pero Azulay no pudo saberlo, los supuestos secuestradores lo obligaron a permanecer en comunicación telefónica todo el tiempo.
Desesperado, el hombre fue al encuentro de los delincuentes en su automóvil Fiat Siena y lo que era “virtual”, se transformó en real. Los investigadores suponen que al verlo “bien vestido y con un buen auto”, lo capturaron.
Los captores lo llevaron a una casilla de la villa Las Antenas del partido de La Matanza y se comunicaron con su socio, Mario Paladino, a quien le pidieron un rescate inicial de 20 mil pesos, luego sus pretensiones bajaron a 10 mil.
Una vez que Paladino entregó el rescate en el cruce de White y Eva Perón, en el barrio porteño de Mataderos, los delincuentes prometieron liberar a su socio en 20 minutos, pero Azulay apareció con un balazo de un arma calibre 38 en la cabeza, en la avenida General Paz (del lado de provincia). Azulay fue trasladado por un remisero al hospital porteño Santojanni, pero la herida era demasiado grave y murió.
Con el rastreo de las fatal comunicación telefónica, se determinó que la misma provenía de la cárcel de Ezeiza, desde dónde presos habían realizado el llamado extorsivo, para que sus cómplices cobren el rescate.
A cuatro días del asesinato ya había 7 detenidos. El presunto asesino de Facundo Azulay era Ezequiel Santos Molina, quien con sólo 18 años estaba prófugo de la Justicia.
El joven fue detenido en villa “Las Antenas”, ubicada en la localidad de Lomas del Mirador, en la villa donde Azulay había estado secuestrado.
En el hecho, también estaba involucrado un recluso de la cárcel de Ezeiza quien fue acusado de efectuar, desde el teléfono público de un pabellón, la llamada del secuestro virtual que luego derivó en el secuestro y asesinato del despachante de aduana.
Avanzada la investigación, los procesados con prisión preventiva por el secuestro seguido de muerte de Facundo Azulay eran: el recluso Ramón Alejandro Godoy, de 22 años; su esposa Analía Rodríguez (29); Adriana Soria (38); Vanina Valderrama (24); José Ángel Bordón, y tres menores, entre ellos, el sindicado autor material del disparo.
A casi 8 meses del hecho, fueron detenidas otras dos personas que estaban prófugas desde entonces. Matías Armando Olmedo (19) y su mujer Natalia Soledad Gaitán (24), quienes eran los propietarios de la vivienda en que Azulay permaneció cautivo.
Pero la pareja fue liberada por el Juzgado Federal N° 2 de Morón, a cargo del magistrado Jorge Ernesto Rodríguez, que dictó la falta de mérito, según informó el abogado defensor de la pareja, Hugo López Carribero.
Según el abogado defensor de Olmedo y Gaitán, "ellos no estaban en la vivienda y no tuvieron que ver con el hecho”, por lo cual la Justicia determinó la excarcelación.
Si bien aseguran que el hecho está esclarecido, los investigadores aún no pudieron encontrar a dos presuntos miembros de la banda que todavía están prófugos. Esta causa ya fue elevada a juicio, y el proceso estará a cargo del Tribunal Federal Oral de San Martín.

Un crimen que sentó precedencia

La trágica muerte de Facundo Azulay, sentó un precedente inédito en el país. Luego de que el despachante de aduana fuera víctima de un secuestro virtual, llevado a cabo por una llamada proveniente de un penal, el Ministerio de Justicia de la Nación anunció que se tomarían una serie de medidas para prevenir este tipo de hechos.
Desde entonces, se filma con cámaras de seguridad a todos los presos que utilicen los teléfonos públicos de los penales del Servicio Penitenciario Federal, con el fin de evitar los secuestros virtuales o identificar a sus autores.
También se obligó a las empresas de telefonía, ya sean de línea fija o celular, a que identifiquen y emitan un mensaje de advertencia, cuando una llamada proviene de una unidad carcelaria.