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Una intervención que duerme en la Corte Suprema
A
los Bomberos Voluntario de La Matanza sólo les queda esperar
A
mediados de agosto denunciaron a la comisión directiva por
malversación de fondos * Personas Jurídicas intervino
la institución en agosto, pero la administración apeló
la medida y desde entonces el expediente recayó en dos cámaras
que se declararon incompetentes * Hoy, la causa se encuentra en
la Corte Suprema *
Eran los primeros días de agosto y el paisaje céntrico
de la localidad San Justo, más específicamente los
alrededores de la Plaza General San Martín y el Palacio Municipal
y el frente del Consejo Deliberante, habían cambiado.
Autobombas de los cuarteles de los Bomberos Voluntario de La Matanza,
se habían apostado en ese lugar con una denuncia: malversación
de fondos de la comisión directiva. Y un pedido concreto:
la intervención de la institución de inmediato.
Si bien la toma de decisiones no correspondía ni al Municipio,
ni a los concejales, los bomberos tenían como objetivo que
su crítica situación tomara estado público
y que los funcionarios del ejecutivo y legislativo local, mediaran
ante las autoridades de la Dirección de Personas Jurídicas
de la provincia de Buenos Aires.
Ante este organismo, los servidores públicos habían
denunciado el "decaimiento" de la institución.
A raíz de la demanda surgió un informe que revela
la existencia de "una administración desordenada y deficitaria,
sin capacidad de saneamiento de la institución".
El informe realizado por Javier Peisoto, dejaba al descubierto que
“durante 2003 la comisión directiva gastó 940
mil pesos. De esa suma, sólo el 11 por ciento -que representa
poco más de 100 mil pesos- fue destinado al área operativa
del cuerpo de bomberos”. A esto se suma que la Municipalidad
subsidia a la entidad por una suma de 80 mil pesos anuales, por
lo que se deriva que sólo 20 mil pesos de las arcas de Bomberos
se invirtieron en el área operativa.
En el informe constaba además que las autoridades administrativas
de la institución se inquietaron por la desafiante actitud
de los voluntario, por lo que elaboró un pedido de sanción
para 140 bomberos de los 160 que componen el cuerpo de Ramos Mejía,
quines fueron los que enviaron la nota a la Dirección de
Personería Jurídica para pedir la intervención
de la institución.
Fue justamente en Peisoto en quien recayó la responsabilidad
de estabilizar la economía de la entidad. Luego del anuncio
que llegó la tarde del 3 de agosto, hubo festejos en todos
los cuarteles del distrito. Pero todo fue en vano.
Los miembros de la comisión directiva destituida apelaron
la decisión y el conflicto recayó en dos cámaras
que se declararon incompetentes para resolver la situación,
al tiempo que la intervención quedó en suspenso. La
causa terminó durmiendo en la Corte Suprema, que debe decidir
qué Cámara dictamina un fallo que ponga punto final
a esta historia.
Represalias
Con
la intervención suspendida, Javier Peisoto quedó atado
de pies y manos para tomar cualquier tipo de decisión en
la institución. Con los fondos “congelados”,
los bomberos continuaron su actividad. “Nosotros trabajamos
normalmente, porque depende de nosotros, de nuestro esfuerzo, sino
ya deberíamos haber cerrado”, dijo David Rodríguez,
ayudante mayor del cuerpo de Ramos Mejía.
En esa oportunidad, Rodríguez también había
resaltado que no podían manifestarse, porque no sabían
“contra qué o quién” debían hacerlo.
Pero el 12 de octubre hubo razón suficiente para salir a
las calles nuevamente.
La destituida administración que aun estaba capacitada para
tomar decisiones, expulso del cargo al jefe y subjefe del cuerpo
activo de bomberos. Los despedidos fueron el comandante Emilio Cuk
y el segundo jefe Claudio Mariano. “Esto es un acto de represalia”
aseguraron los bomberos.
La protesta fue más intensa que las anteriores. Además
de cortar la calle Almafuerte al ocuparla con sus autobombas, dos
bomberos voluntarios se encadenaron a un árbol. Fueron Martín
Ramellini, con seis años de servicio, y Sebastián
Fernández, voluntario que en ese momento llevaba nueve meses
en la entidad.
“La comisión directiva los echa sin sumario previo,
en la carta documento les dicen que primero los echan y después
los sumarian, es decir, que primero lo condenan y después
los van a juzgar. Entonces los bomberos han decidido que hasta tanto
no repongan a sus jefes en sus cargos actuales no se van a mover
de acá”, mencionó Rodríguez en esa oportunidad.
Paciencia, mucha paciencia
Dotados
de una inagotable paciencia y admirable vocación de servicio,
los bomberos de La Matanza siguen esperando.
En la actualidad, no fue designada la Cámara intervendrá
en el conflicto, sin escapar de la obligación de torcer el
destino, hasta ahora incierto, de una institución conformada
por ciudadanos comunes que ponen en riesgo su vida para brindar
un servicio esencial a la comunidad de La Matanza.

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