Debido a la falta de fondos
Se paralizó la causa por la contaminación producida por el Centro Atómico de Ezeiza

La que continúe la investigación, el Consejo de la Magistratura de la Nación, debe aportar 1,5 millones de pesos * La causa se inició en 2001 y desde entonces se realizaron dos pericias que tuvieron resultados contradictorios * Una vez que se reanude el proceso, se llevará a cabo una nueva prueba * La actividad del centro contaminaría a La Matanza, Esteban Echeverría y Ezeiza *

La causa en la que se investiga la posible contaminación producida por el Centro Atómico de Ezeiza, que afectaría a La Matanza, Esteban Echeverría y el distrito en el encuentra, se encuentra paralizada por falta de fondos.
Para que la investigación que se encuentra en el Juzgado Federal Nº1 de Lomas de Zamora, a cargo del juez Alberto Santa Marina continué, el Consejo de la Magistratura de la Nación, debe aportar 1,5 millones de pesos.
Ese dinero es necesario para realización de una pericia en el exterior que determine el impacto ecológico. Es que desde el inicio de la causa, en abril del 2001, se realizaron dos pruebas con resultados contradictorios sobre el posible hallazgo de restos de uranio en las aguas subterráneas, nocivo para la salud de los habitantes aledaños al Centro Atómico.
En la primera prueba, realizada por Fernando Díaz, para lo cual se tomaron muestras en distintos pozos ubicados en el predio del CAE y en áreas circundantes, se advirtió la presencia de contaminación radiactiva proveniente de las actividades del organismo en cuestión, que habría afectado las aguas subterráneas de la región, a tal nivel que impediría su uso para consumo humano.
Díaz señaló la presencia de uranio en las napas de agua debido “a las actividades que sólo pudieron haber sido realizadas por el Centro Atómico Ezeiza”, según consta en el informe agregado a la causa, y recomendó la clausura definitiva de las trincheras de líquidos existentes en el organismo, así como el inicio de la recomposición ambiental del lugar.
Por otro lado, el informe realizado por la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) - dependiente del Estado nacional- arrojó que “los valores medios de contaminantes en el agua cumplen con la normativa argentina en la materia, y con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS)”.
Además, la ARN desmintió los dichos del perito oficial sobre la posible contaminación radiactiva del agua potable, y criticó el informe por “inexactitudes técnicas y conclusiones alarmantes para la población”.
Por su parte, Díaz calificó de “falso” el informe de ese organismo, ya que “no se hacía mención a la toxicidad química del uranio ni del dictamen en lo referente a la contaminación de agua de bebida, por superar los límites específicos de uranio en las normas de la OMS”.
En su momento, el juez que entiende en la causa ordenó clausurar las trincheras de residuos radiactivos líquidos del CAE y cesar la disposición de residuos radiactivos y de todo efluente.
Pero tras la apelación presentada por la CAE, la Secretaría de Minería del Ministerio de Planificación Federal determinó que “las características estructurales de la región hacen imposible encontrar un yacimiento de minerales portadores de uranio en el subsuelo de la localidad de Ezeiza”, y se concedió el recuso.
Posteriormente, la Autoridad Regulatoria Nuclear ratificó su pronunciamiento negando la existencia de contaminación radioactiva en el suelo ni en aguas subterráneas para consumo en los distritos de Ezeiza, Esteban Echeverría y La Matanza.
El juez Santa Marina señaló que “la existencia de posiciones encontradas al respecto, ha motivado la decisión de disponer la realización de un nuevo estudio pericial, con participación de una institución científica con sede en el exterior y carente de vínculos con los distintos organismos nacionales e internacionales que ya se han expedido al respecto”.
Es por eso que el magistrado le solicitó al Consejo de la Magistratura Nacional la suma de 1.321.000 pesos para encarar una pericia en el exterior, el cual remitió el pedido al Jefe de Gabinete Alberto Fernández, sin respuesta hasta el momento.
Así, Santa Marina determinó paralizar la causa a fines del 2006, hasta contar con los fondos necesarios para realizar una nueva pericia. Los mismos provendrán del Consejo de la Magistratura y Gobierno nacional.
Si bien hasta el momento no hubo avances para conseguir los fondos, el fiscal federal de Lomas de Zamora, Ariel Berze, apeló la paralización del trámite en cuestión.