La polémica con Rentas
Los usuarios pedirán la nulidad de los superpoderes de Montoya en la Corte

La presidenta de la Unión de Defensa de los Consumidores y Usuarios Argentinos, Sandra González, presentará en los próximos días, ante la Corte Suprema de Justicia, un recurso de inconstitucionalidad a las facultades del Subsecretario de Ingresos Públicos, Santiago Montoya. La acción será interpuesta al margen de los que resuelva la Cámara de Apelaciones de San Martín. "Optamos por el amparo porque es lo más rápido, pero entendemos que paralelamente hay que ir a la Corte porque ninguna norma provincial puede estar por encima de la Constitución Nacional", relevó González. Semanas atrás, el juez Federico Gallo Quintián, titular del tribunal en lo Contencioso Administrativo Nº 1 de La Matanza, rechazó el amparo de ADECUA para que la Provincia no aplique las facultades concedidas a Montoya. El planteo de los usuarios es que sólo los jueces pueden disponer embargos, secuestros y quitar la libre disponibilidad de bienes a sus titulares, declarando violatorias las facultades extraordinarias del titular de Rentas.
Sobre lo ocurrido hasta ahora en la impugnación contra las facultades de Rentas, González explicó que “en realidad, lo que dijo el juez en primera instancia es que no acepta el amparo como medida para hacer este tipo de presentaciones". Como el juez no resolvió la cuestión de fondo sino el formalismo del ámbito de competencia, desde ADECUA se confía en una segunda instancia favorable, que será acompañada por un recurso ante la Corte.

El fallo local

El martes de la semana última, el juez Federico Gallo Quintián desestimó, sin expedirse sobre el fondo del asunto, que el amparo es “improponible” para declarar que la ley que otorgó facultades especiales a la Subsecretaría de Ingresos Públicos de la provincia de Buenos Aires es contraria a la Constitución provincial. En ese sentido, estimó que -en base a la Ley Fundamental provincial- el amparo no procede contra las leyes y que no existía riesgo alguno de lesión grave o inminente sobre derechos garantizados por la Carta Magna. Para Adecua, si el magistrado está persuadido de la inconstitucionalidad de una norma “tiene el deber ineludible de negar su aplicación al caso concreto”.
En el caso, “el juez a quo al no querer persuadirse de la flagrante trasgresión constitucional que se presenta en autos aparece con una conclusión que claramente altera la supremacía constitucional”. En el amparo, Adecua cuestionó la reforma al código fiscal bonaerense, que otorgó facultades excepcionales al subinspector de Ingresos Públicos, Santiago Montoya.
En particular, consideró que afectan garantías constitucionales las potestades de que con anterioridad al inicio del juicio de apremio, Rentas pueda trabar embargos, intervenir cajas de seguridad, declarar la inhibición general de bienes de contribuyentes.
Por otro lado, y enterado del rechazo que la justicia impuso en primera instancia a un amparo contra las facultades especiales para Rentas bonaerense, el Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires aseveró que ese revés para la causa “no afecta las posibilidades” de la acción de inconstitucionalidad que preparan. El titular de la organización, Jorge Álvarez, se mostró confiado en que la decisión del juez en lo Contencioso Administrativo de La Matanza Federico Gallo Quintián no afectará las chances de la futura presentación que él y sus colegas preparan. “Esto no afecta nuestras expectativas con respecto al reclamo que presentaremos. Además son dos cuestiones diferentes, porque los consumidores presentaron un amparo, y lo que nosotros analizamos es una acción de inconstitucionalidad”, resaltó ilusionado Álvarez.
Con el fallo de Quintián, las capacidades especiales en cuestión sortearon el primer obstáculo, que la agrupación de consumidores había presentado para parar la implementación de esa parte de la nueva Ley Impositiva, que le permite a Rentas secuestrar vehículos de particulares sin necesidad de presentar una orden judicial. Pero esa piedra en el camino no será la única, ya que el Colegio de Abogados de la Provincia traducirá sus insistentes descalificaciones a la medida también en una presentación formal.